Rodolfo Alpízar Castillo
Es imprescindible dar pasos
encaminados a la formulación de políticas lingüísticas no voluntaristas,
científicamente concebidas, ecuménicas y concertadas, si en realidad se siente la necesidad de preservar el español para las
generaciones venideras, promover su cultivo y enriquecerlo de manera que pueda
funcionar como una lengua realmente moderna, que es lo mismo que decir apta
para la comunicación especializada en todos los campos del saber, de manera que
su uso no se limite al ambiente familiar o a la expresión literaria.
No siempre que se trata el tema de
las políticas lingüísticas son claros los elementos conceptuales con que se
trabaja. Parece conveniente, pues, desbrozar un poco el camino.
Ante todo, hay que distinguir entre
política lingüística y legislación lingüística. A lo largo de los años se han
levantado voces que reclaman leyes sobre el idioma como si fuera el objetivo
último alcanzable. Mas la legislación es solo un instrumento, la política
lingüística no se limita a una ley ni a un conjunto de leyes. Es ante todo, una
definición y una voluntad de los gobiernos. Una ley sobre la lengua puede
responder a una coyuntura momentánea, a una conveniencia partidaria, y no a una
política lingüística, con lo cual sus resultados podrían llegar a ser
contraproducentes y hasta risibles. Para que las legislaciones sobre la lengua
funcionen, deben formar parte de una política lingüística.
La participación ciudadana en las políticas lingüísticas
Un segundo elemento que tener en
cuenta es que las políticas lingüísticas, y los instrumentos legales de que se
sirvan, no deben refrendar exclusiones, ni significar menoscabo del derecho a
ser diferente. La protección y el fomento de la propia lengua no deberían
significar perjuicios para los hablantes de otras radicados en el territorio
que ella abarque, partiendo del concepto de que el derecho propio termina donde
comienza el ajeno, y viceversa.
Un tercer elemento es que una
política lingüística, para obtener frutos válidos, debe basarse en el consenso
y en la participación ciudadana. Los gobiernos hacen leyes y trazan políticas,
pero si la sociedad civil en su conjunto no las hace suyas, las políticas
lingüísticas y las legislaciones en que se apoyen resultarán esfuerzo vano. Más
que una ley sobre la lengua, que siempre será excesiva en algunos aspectos y
limitada en otros, el logro de un consenso social acerca de la importancia la
lengua es la vía y la garantía del éxito.
Ese consenso y esa participación
ciudadana solo son posibles si la discusión sobre la lengua traspasa los
ámbitos académicos y ocupa los espacios formadores de opinión, tales como la
propaganda comercial, los órganos de difusión de todo tipo, los medios
audiovisuales, los discursos políticos.
Un cuarto elemento conceptual en
este punto es que una política lingüística, y las legislaciones que genere, no
puede basarse solo en criterios académicos, y mucho menos responder a las
pautas de una institución o un reducido número de ellas, como las academias de
la lengua o los ministerios de educación. Hay que tomar en cuenta también,
entre otros, el sentir de agrupaciones gremiales de profesionales de la lengua,
como periodistas, locutores, escritores, lingüistas, juristas. Y, desde luego,
traductores.
La función del traductor en beneficio de la lengua
Por último, no se debe descuidar que
el español es una lengua diversa en su unidad, con fronteras lingüísticas muy
variadas tanto en lo externo como en lo interno de los países donde se habla.
Precisamente, un reto cotidiano para los traductores hispanohablantes es la
variante de lengua hacia la cual traducen. En las literaturas artística y
sociopolítica son muy conocidas las diferencias, que van en incremento según el
discurso se acerca a la lengua más general. Pero en los textos de ciencia y
técnica también se producen diferencias de denominación que en ocasiones llegan
a llenarse de connotaciones delicadas. Las políticas lingüísticas en cada uno
de los países hispanohablantes deberán tener presente esa característica y
actuar en consecuencia.
En ese sentido, la realización de
acciones para la armonización de las denominaciones en algunos sectores
económicos y científico-técnicos es una necesidad inaplazable para nuestros
países. La creación de bancos terminológicos sectoriales donde se registren las
variantes nacionales para determinadas denominaciones podría ser un primer paso
de concertación lingüística.
El estímulo a las buenas
traducciones forma parte de una política lingüística. El otorgamiento de
premios que estimulen la excelencia significa un aporte al fortalecimiento de
nuestra lengua como instrumento de comunicación científica, y contribuye a
destacar la función que desempeña el traductor en beneficio de la lengua.